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Marco jurídico

La Constitución Brasileña de 1988, em su artículo 223, prevé la complementación de los sistemas estatal, público y privado de comunicación. El dispositivo constitucional nunca fue reglamentado, ni siquiera se estableció el carácter de la complementación, como la división de la concesión de canales entre segemntos.

La falta de reglamentación da espacio a la permanencia de la ley anterior, no revocada, que clasifica las emisoras públicas como servicio de radiodifusión educativa y las subordina a las reglas de concesión previstas en el Código Brasileño de Telecomunicaciones de 1962 y leyes específicas. Desde la implementación del Código Brasileño de Telecomunicaciones son editadas resoluciones ministeriales y decretos regulando precariamente el sector ante la ausencia de un marco regulatorio general actualizado.

El Decreto-Ley nº 236 de 1967 definió que la televisión educativa se destina a la divulgación de programas educativos, mediante la transmisión de clases, conferencias, charlas y debates. Por lo tanto, no tienen carácter comercial, quedando vetada la transmisión de cualquier propaganda, directa o indirectamente, así como el patrocinio de programas transmitidos, aunque ninguna propaganda sea hecha a través de los mismos. Por lo tanto, el servicio se caracteriza por la finalidad y no por la titularidad de la concesión. Las emisoras educativas pueden estar vinculadas a universidades federales, gobiernos de los estados e inclusive fundaciones privadas.

El 15 de abril de 1999, los ministerios de Educación y de Comunicaciones emitieron una Resolución Interministerial nº 651 que definió, nuevamente, lo que se entendía por finalidad exclusivamente educativa: transmisión de programas educativo-culturales que, además de actuar conjuntamente con los sistemas de enseñanza de cualquier nivel o modalidad, tengan como objetivo la educación básica y superior, la educación permanente y la formación para el trabajo, además de incluir las actividades de divulgación educativa, cultural, pedagógica y de orientación profesional, siempre de acuerdo con los objetivos nacionales. La resolución incluía, además, los programas de carácter recreativo, informativo o de divulgación deportiva como educativo-culturales identificados en su presentación.

Con el objetivo de dar mayor transparencia al proceso de concesión de frecuencias educativas, el Ministerio de Comunicaciones publicó una nueva Resolución el 6 de julio de 2011, estableciendo nuevas reglas para el proceso de selección de los interesados en operar el servicio de radiodifusión pública. A partir de ahí, la selección se llevaría a cabo a través de avisos de habilitación pública de los candidatos a obtener canales de radio y televisión. El Ministerio estableció también los criterios que orientarán el análisis de las propuestas. O sea, tendrán preferencia las universidades federales, los estados, las universidades estatales, los municipios y las universidades municipales, en ese orden.

La resolución también define el puntaje para clasificar a los competidores. Si hay competencia entre la fundación pública y una universidad, por ejemplo, la universidad tendrá el privilegio en la concesión. Si la institución es pública, tendrá preferencia sobre las instituciones privadas. Otro criterio es la relación entre el número de alumnos y la población del municipio. Mientras más grande la entidad de enseñanza, más puntos tendrá.

Hasta la publicación de la resolución con las nuevas normas, las concesiones para radiodifusión educativa eran concebidas conforme la demanda, siendo una decisión discricional del ministerio al frente de la carpeta. Con las nuevas reglas, la población podrá seguir el destino de las concesiones por medio de avisos de habilitaición.

Consta, además del marco legal vigente, la Ley nº 11.652 del 7.04.2008 que creó la Empresa Brasil de Comunicación (EBC). La Ley estableció principios a los que deben someterse los sevicios de radiodifusión explotados por el poder ejecutivo o mediante concesión a entidades de su administración indirecta, en el ámbito federal:

  • Promoción del acceso a la información a través de la pluralidad de fuentes de producción y distribución de contenido;
  • Producción y programación con fines educativos, artísticos, culturales, científicos e informativos;
  • Promoción de la cultura nacional, estímulo a la producción regional y a la producción independiente;
  • Respeto a los valores éticos y sociales de la persona y de la familia;
  • La no discriminación religiosa, político partidaria, filosófica, étnica, de género o de opción sexual;
  • Observancia de preceptos éticos en el ejercicio de las actividades de radiodifusión;
  • Autonomía con relación al Gobierno Federal al definir la producción, programación y distribución de contenido en el sistema público de radiodifusión y
  • Participación de la sociedad civil en el control de la aplicación de los principios del sistema público de radiodifusión, respetándose la pluralidad de la sociedad brasileña.

La Ley de la EBC define, además, los objetivos que deben regir los servicios de radiodifusión pública administrados por el Poder Ejecutivo o mediante concesión a entidades de su administración indirecta:

  • Ofrecer mecanismos para el debate público acerca de temas de relevancia nacional e internacional;
  • Desarrollar la conciencia crítica del ciudadano, mediante una programación educativa, artística, cultural, informativa, científica y promotora de ciudadanía;
  • Fomentar la construcción de la ciudadanía, la consolidación de la democracia y la participación en la sociedad, garantizando el derecho a la información, a la libre expresión de pensamiento, a la creación y a la comunicación;
  • Cooperar con los procesos educativos y de formación del ciudadano;
  • Apoyar los procesos de inclusión social y socialización de la producción de conocimiento garantizando espacios para la exhibición de producciones regionales e independientes;
  • Buscar la excelencia en contenidos y lenguajes y desarrollar formatos creativos e innovadores, constituyéndose en centro de innovación y formación de talentos;
  • Dirigir su producción y programación con fines educativos, artísticos, culturales, informativos, científicos y que promuevan el civismo, sin omitir con ello su carácter competitivo en la búsqueda del interés del mayor número de oyentes o telespectadores;
  • Promover la cooperación con empresas y fomentar la producción audiovisual nacional, contribuyendo a la expansión de su producción y difusión; y
  • Estimular la producción y garantizar la transmisión, inclusive en red mundial de computadoras, de contenidos interactivos, especialmente aquellos dirigidos a la universalización de los servicios públicos.

Como esa estructura legal se restringe a las emisoras del ejecutivo federal, está en discusión cómo podrían adoptar principios y objetivos actuales semejantes las emisoras estatales, municipales, universitarias y aquellas vinculadas a fundaciones de derecho público y privado.

La creación de un nuevo marco regulatorio para la radiodifusión en el país podrá resolver la cuestión. La discusión sobre el asunto tuvo su auge en la I Conferencia Nacional de Comunicación (CONFECOM) realizada en 2009. Promovida por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, la Confecom reunió a más de 1 200 personas entre representantes del gobierno (20%), del sector empresarial (40%) y de la sociedad civil (40%). Los debates originaron un documento amplio, que envuelve desde cuestiones relacionadas a la propiedad, hasta criterios de concesión de canales y frecuencias, producción de contenido, distribución, financiaminto, convergencia y control social.

Como no hubo una iniciativa del gobierno Lula en transformar el resultado de la conferencia en ley, once entidades de la sociedad civil sistematizaron los principales puntos del documento y crearon en 2011 una plataforma online denominada “Para un Nuevo Marco Regulatorio de las Comunicaciones en Brasil”, donde la sociedad podía presentar contribuciones al documento. La plataforma recibió apenas 200 contribuciones. En el documento sistematizado hay una propuesta en el sentido público, privado y estatal de comunicación, que reglamenta el artículo 223 de la Constitución Brasileña:

“Por sistema público, debe entenderse a las programadoreas de carácter público o asociativo, gerenciadas de manera participativa, a partir de la posibilidad de que los ciudadanos tengan acceso a sus estructuras dirigenciales y de que estén sometidas a reglas democráticas de gestión. El sistema privado debe incluir los medios de propiedad de entidades privadas en las que la naturaleza institucional y el formato de gestión estén restringidos, tanto para entidades con fines de lucro o no. El sistema estatal debe comprender todos los serviços y medios controlados por instituciones públicas vinculadas a los poderes del Estado en las tres esferas de la Federación. Para cada uno de los sistemas, deben establecerse derechos y deberes en lo tocante a la gestión, participación social, financiamiento y programación” [1]

Por la propuesta, se debe garantizar el fortalecimiento del sistema público, reservando, como mínimo, un 33% de los canales para esta categoría en todos los servicios, además de crear políticas de fomento – en especial por el incremento de la Contribución para el Fomento de la Radiodifusión Pública y creación de fondos públicos.

 

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